El Estatuto de Autonomía de Castilla y León, en su artículo 13.9 contempla, dentro de los derechos sociales, el derecho a una renta garantizada de ciudadanía; estableciendo que tendrán derecho a acceder a la misma los ciudadanos de Castilla y León que se encuentren en situación de exclusión social.
La Renta Garantizada de Ciudadanía se configura como una prestación social y familiar, de naturaleza económica y percepción periódica cuya finalidad es atender las necesidades básicas de subsistencia y promover la integración de quienes se encuentren en situación de exclusión social.
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